Programa Frontera Sur, reflejo de una política migratoria desarticulada

Comunicado de Prensa

11 de julio de 2014

Programa Frontera Sur, reflejo de una política migratoria desarticulada

·         Mantiene una visión de seguridad nacional, que antepone la gestión y control de flujos migratorios, por encima de la seguridad humana.

·         Sigue sin haber en la política migratoria mexicana una visión de derechos humanos que fomente la no discriminación y la multiculturalidad que conlleva todo flujo migratorio.

·         Si no se va a las causas estructurales de la migración, mayor seguridad en la región no va a ser una solución a sus consecuencias

El pasado 07 de julio, en Catazajá, Chiapas Enrique Peña Nieto, anunció la puesta en marcha del Programa Frontera Sur, como una muestra de “buena voluntad política” frente al tema migratorio, pero pareciera hecho al vapor. Dicho Programa se centra en la administración y control de flujos migratorios en la frontera sur, desde una óptica de seguridad nacional, y no toma en cuenta los problemas estructurales por los cuales la población sale de sus países de origen; las situaciones a las que se enfrentan en su tránsito por nuestro país; las deficiencias y vicios del modelo de gestión migratoria implementado y de la autoridad a cargo de ejecutarlo; ni los obstáculos para integrarse a la sociedad de quienes deciden quedarse en México, así como de quienes son deportados desde Estados Unidos.

En lo anunciado se continúa poniendo en el centro del debate el tema de la seguridad nacional y no a las  personas migrantes (seguridad humana) y se difunde información parcializada, ya que, como parte de este Programa se ensalza el otorgamiento de una condición de estancia de visitante regional, hoy garantizada en la Ley de Migración, la cual existe desde 1997 con una modificación en 2008, bajo los mismos parámetros: gratuidad, permiso para estar tres días en el país, otorgada únicamente a la población guatemalteca y beliceña, de los departamentos fronterizos con Chiapas, y valida sólo en los estados de Tabasco, Campeche, Quinta Roo y Chiapas. Es decir, esta visa ni es nueva, ni permite el tránsito regular por todo el territorio mexicano; tampoco otorga un permiso para trabajar, por lo que no tendrá un impacto positivo en la población migrante de tránsito ni de destino, sino por el contrario genera falsas expectativas inclusive desde los lugares de origen.

Como parte del Programa Frontera Sur en el Diario Oficial de la Federación del 8 de julio se publicó la creación de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur y de los Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF), ante lo cual es necesario preguntar: ¿Por qué crear otras instancias dentro de la Secretaría de Gobernación?, ¿Dónde queda la reforma estructural del Instituto Nacional de Migración?, ¿Por qué crear más instancias, cuando ya existe todo un aparato gubernamental creado para este fin que ha demostrado su ineficacia?, ¿Por qué hacerlo de manera abrupta sin considerar los programas enfocados en seguridad humana, previamente trabajados?, ¿Qué política migratoria ejecutará esta instancia?, ¿A qué se refieren con atención integral?, ¿Cuál será el papel de la Unidad de Política Migratoria y del Instituto Nacional de Migración y su vínculo con dicha Coordinación y con los Consejos Ciudadano del INM y de Política Migratoria?, ¿Por qué se sustenta la creación de esta instancia en el Programa para la Seguridad Nacional, cuando el discurso oficial es la “protección de los derechos humanos”?, ¿Dónde queda el Programa Especial de Migración (PEM), publicado el 30 de abril en el diario Oficial de la Federación, y aún sin fecha para su presentación formal?, ¿Cómo estas instancias abonaran a la promoción, protección, garantía y respeto de los derechos humanos de la población migrante a la que obliga el artículo primero constitucional?. A nivel local ¿Qué papel jugarán las oficinas municipales de atención al migrante, la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional, así como otras instancias locales?, ¿quién se encargará de la provisión de servicios a la población, incluyendo los de salud?

Nada se dijo sobre las acciones que se implementarán para garantizar el derecho al debido proceso y el acceso a la justicia a la población migrante; generar alternativas a la detención, en especial de niñas, niños y adolescentes  migrantes; promover y facilitar la regulación y regularización migratoria; fortalecer a los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia para atender a niñas, niños y adolescentes no acompañados y hacer frente a la crisis humanitaria de la niñez migrante en México; así como fomentar la participación ciudadana. Se ignora completamente la responsabilidad del gobierno mexicano de generar las condiciones para el goce de derechos como el de la educación, la salud, el trabajo en condiciones justas y equitativas

En general, parece que  este Programa Frontera Sur sólo es un anuncio más, frente a la crisis humanitaria de la niñez migrante y a procesos migratorios cada vez más complejos,  como el de familias completas que huyen de la violencia asociada a pandillas, la población LGBTTI que por violencia de género está siendo criminalizada y discriminada, entre otros, que exigen mucho más que medidas de blindaje, criminalización y persecución por parte del gobierno mexicano. Una vez más queda claro que se responde a una  presión de Estados Unidos de cerrar la frontera sur y se perpetúa e institucionaliza la visión de seguridad nacional que “justifica” el despliegue de efectivos militares a la frontera sur. Son también claras las consecuencias ante las políticas migratorias ejercidas hasta este momento que sólo han buscado controlar de manera policiaca los flujos sin atender las causas que los originan y sus altos costos humanos.

En este sentido, el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM) insiste en la urgencia de reformas estructurales a los marcos normativos y de política migratoria que orienten la agenda y las acciones del país hacia la libertad, igualdad y respeto de los derechos humanos de las personas migrantes. Dichas reformas deben realizarse en las leyes, reglamentos, normas, acuerdos y lineamientos, así como en políticas públicas, que respondan a las necesidades de la población migrante en cualquiera de los procesos migratorios en los que se encuentren, en concordancia con la normatividad internacional en la materia.

Además de  realizar una reestructuración del INM, y  las facultades y competencias de cada autoridad respecto a las personas migrantes en el país. Donde la coordinación entre las dependencias de gobierno y la sociedad civil resulten en acuerdos, políticas públicas y acciones en beneficio de la población migrante, y no generar acciones aisladas que poco o nada beneficiarán a las y los migrantes, máxime cuando están desarticuladas de los propios programas gubernamentales emitidos en semanas anteriores, como el PEM. 

Para mayor información:

Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración

Tel: 55 37 33 58 19

@IMUMI DF

Paulo Martínez, Sin Fronteras

Tel: 55 85 64 65 58

@Sinfronteras_1